Los Tigres de Arena
15 de agosto del 2016
“Transparente morbosidad.”
“No obstante esta buena intención, el problema desde hace mucho no es saber qué tienen o no tienen los políticos, el problema sigue siendo la inoperancia de la ley y de las instituciones que tienen como fin el combate a la corrupción.”
La popular “Ley 3 de 3” mediante la cual se impuso a los servidores públicos “abrir” la información relativa a su patrimonio y situación fiscal ha levantado ya mucha arena alrededor de figuras mediáticas y prominentes cuyas carreras políticas han cosechado frutos, principalmente, de índole económico. En la corta historia de la vida democrática de México una de las carreras “profesionales” que más atraen al ciudadano común por su engañosa austeridad —pues todos los mexicanos sin excepción pueden serlo— es la de “político”. “Político” entendido aquí como el funcionario de gobierno o ente que se procura el llegar al ejercicio del poder mediante la búsqueda de una invitación a incorporarse a la administración pública o aquel ente que a través del ejercicio de sus derechos político-electorales aspira a vencer en una contienda electoral, ya sea para ocupar un lugar como legislador o como depositario del poder ejecutivo a nivel estatal o federal. En este sentido, más allá de la seducción que provoca el detentar el Poder y gozar de una posición superior frente a nuestros iguales, en México, para gran parte de sus habitantes, el participar en la dimensión política significa la oportunidad para escalar en la pirámide social. Se trata de un “escalamiento social” puesto que el sueldo y los privilegios económicos a los cuales se acceden siendo servidor público cambian radicalmente —en la mayoría de las ocasiones— a quienes con habilidad se logran incrustar en un anquilosado sistema gubernativo.
En este orden de ideas, recientemente por causa de una iniciativa aparentemente apolítica se reflexionó sobre el problema cultural y jurídico que la corrupción representa para la sociedad mexicana, encontrándose como “brillante” resolutivo, la exposición del patrimonio y del “estado fiscal” de aquéllos que ejercen cargos públicos de relevancia, con la intención de mantener una permanente vigilancia popular sobre el caudal de bienes que un funcionario publico ha de tener y el cual sólo ha de incrementar en relación directamente proporcional a su ingreso fijo. Esto en apariencia suena como algo novedoso y certero en cuanto al combate a la corrupción, sin embargo, yo lo encuentro como exagerado y fuera de contexto, porque la publicidad de las declaraciones patrimoniales y fiscales de los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de los tres ordenes de gobierno, así como las fuertes medidas que propusieron en esta iniciativa de ley, no representan al menos para mí una solución efectiva para acabar con la patología que afecta a centenares de individuos que son responsables de una función administrativa. De hecho, esta ley lo único que promueve es una clase de morbo colectivo ya que ahora las personas —incluyendo delincuentes— habrán de conocer las posesiones y dinero que los servidores públicos tienen, bajo el supuesto de que estos hechos públicos y notorios se puedan convertir en eventuales pruebas y “candados”, los cuales condicionarán al servidor público obligado a no valerse del presupuesto público para beneficiarse desmedidamente.
No obstante esta buena intención, el problema desde hace mucho no es saber qué tienen o no tienen los políticos, el problema sigue siendo la inoperancia de la ley y de las instituciones que tienen como fin el combate a la corrupción; es irrisorio que año con año desde la Secretaría de la Función, pasando por la Auditoría Superior de la Federación, hasta las contralorías municipales, la práctica de la fiscalización y la substanciación de procedimientos administrativos sigue rebasada por motivos presupuestales, de capacidad de su personal y políticos.
Si bien no estoy descubriendo el hilo negro con este soliloquio, ya comienzan a darse manifestaciones absurdas con estos actos de pureza derivados de publicitar el patrimonio, “estado fiscal” e intereses, aprovechando más de un astuto por allí para tomarle el pelo a los que están interesados en vigilar que sus servidores públicos sean gente proba y honesta, tal y como se dio esta semana con la declaración que realizó el representante de la izquierda radical mexicana. Sin duda un acto de magia digno del mejor ilusionista, quien aprovechó para mostrarse como un asceta que ha vivido al margen del sistema económico imperante.
Por último, reitero, me parece erróneo el enfoque que se le dio a la estrategia anti-corrupción tanto a través de esta Ley 3 de 3 como del Sistema Anticorrupción, lo único que vislumbro es que no tardaremos mucho en colocar circuitos cerrados en las oficinas y domicilios de Secretarios, Senadores y Presidentes Municipales, porque hasta no sembrarles la paranoia de hacerles sentir observados a todas horas no habremos de conseguir que se acabe la corrupción, emulando a la más cómica de las figuras hierofánicas y creando un condicionamiento similar al de las personas que tienen ligados sus juicios morales a sus dogmas religiosos. Y bueno, suponiendo que así sucederá, habrá que cambiar una vez más los hábitos, transitando de ser una sociedad activa a una voyeurista; es decir, dando un paso más en el decurso evolutivo “a lo mexicano”.