Reflexión(es) sobre el Estado y la Cultura
En un ejercicio retrospectivo, han ya pasado tres años y cuatro meses de actividades propias organizadas por la aún “joven” Secretaría de Cultura de Michoacán. En el discurso oficial, podría verter razonamientos que pasen a formar parte de la estadística e intentar demostrar técnicamente los alcances de la política cultural desarrollada durante la actual administración, sin embargo, no es el objeto de mi participación, y bien se sabe que el complejo fenómeno cultural sigue siendo un objeto inconmensurable cuyos efectos obligan a sus entes activos a profundizar y justificar la existencia de profesiones y carreras derivadas de éste.
El desarrollo del fenómeno cultural como cosa pública tiene poco tiempo de haber encontrado su institucionalización a nivel internacional; cabe recordar algunos casos como el del icónico y arquetípico Ministère de la Culture et de la Communication (parte del gabinete federal francés y fundado en 1959) o el Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (parte del gabinete federal italiano; creado y desincorporado del Ministerio de Instrucción Pública en 1974), para calcular el breve periodo de tiempo durante el cual el poder público –en estos países considerados potencias culturales– ha destinado recursos financieros y humanos para satisfacer a la población en cuanto a sus “necesidades culturales”. En la actualidad, ambas instituciones se mantienen como modelos a seguir de sus homólogos en más de 50 países. Si bien en lo que a consecución de proyectos culturales se refiere las secretarías o ministerios de cultura han de coincidir, es de llamar la atención, que cada institución lo realiza con una estructura única que se ha adaptado a la multiplicidad de escenarios sociales y que hace casi imposible que una fórmula funcione con la misma eficiencia y eficacia de nación a nación.
Narro lo anterior, sólo para vincular al lector a los antecedentes primigenios que tiene el fenómeno cultural de carácter público e instituido de nuestro país. No es nuevo el debate en México sobre si el CONACULTA debe alcanzar autonomía política al elevarse éste al nivel de una secretaría federal, siguiendo la tendencia de las entidades federativas de desincorporar la ejecución de la política cultural del ámbito de acción de las secretarías de educación estatales y permitir que la cultura impulsada por los órganos de gobierno se desarrolle “libremente” bajo el amparo del presupuesto erogado desde los tres niveles administrativos responsables de ejecutar la Ley.
Uno de los puntos que deseo abordar, al menos sintéticamente y que me ha llamado la atención, es el impacto que tiene la eficaz aplicación de los recursos en el ámbito cultural. Uno como ciudadano escucha acerca de las grandes inversiones en campos como la salud, infraestructura, economía o seguridad, y comparando el presupuesto que las secretarías responsables de estas áreas ejercen año con año con el que reciben las instituciones públicas vinculadas a la cultura, encuentro una desproporción remarcable la cual es enfatizada al abrir cada año fiscal por los representantes del sector artístico. Éstos, se han fatigado de exigir la instrumentación y reglamentación de un derecho de rango constitucional; en esto, estoy de acuerdo, pues los efectos de la redacción del precepto jurídico que dice a la literalidad:
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”
No son efectos de orden pragmático; interpreto, que sus efectos inmediatos son de orden jurídico, con miras a tal vez vencer en un litigio mas no en el sentido de ampliar espectro de la acción cultural en el país. Al “abrir” a todos los mexicanos el acceso a la cultura desde los órganos de gobierno, no se previó que la atención presupuestal tanto a actores-productores como consumidores-espectadores de la cultura se vería rebasada de manera instantánea al no ser suficiente el financiamiento para sostener su desarrollo. Aquí retomo esa solución inmediata de naturaleza jurídico-administrativa que presenta la autonomía de gestión para que las instituciones logren acceder de manera directa al presupuesto de egresos de la federación. Esta prematuramente aparenta ser una decisión acertada, sin embargo, se provoca que siga en aumento el número de proyectos presentados y disminuya el de aprobados; a la larga, esto sólo generará un ambiente innecesario de competencia, porque al día de hoy, las manifestaciones culturales no rivalizan una con otra y por el contrario tienden a adaptarse, unirse y magnificar los efectos de sus productos. Para reforzar lo anterior, preciso citar dos ejemplos más; los casos de la Secretaría de Cultura de Portugal y el Ministerio de Cultura Argentino. El primero, ha oscilado entre el nivel de secretaría dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y el de ministerio desde 1976, actualmente mantiene su nivel de secretaría desde la segunda extinción del Ministerio de Cultura de Portugal de 2011. Del lado argentino, el 7 de mayo del 2014 se publicó en su Boletín Oficial el decreto de creación del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, jurando como ministra ese mismo día la cantautora Teresa Parodi. Habría que preguntarle a los especialistas en planeación cultural de ambos países si en este corto período de tiempo se han reflejado los resultados de sus respectivas reingenierías burocráticas.
La autonomía de gestión como solución a corto plazo para mejorar las funciones de las instituciones culturales públicas, a mi parecer, tiene su mayor fortaleza en que el titular de la dependencia y su equipo de trabajo tienen la oportunidad de influir e imprimir un gran sello en el grupo que ha adolecido de medios para crear. Existe una cierta libertad intelectual por parte de los funcionarios de las instituciones culturales, para el efecto de armonizar el ejercicio del poder público con el ejercicio profesional de los artistas. Hay un gran campo abierto porque ninguna legislación podrá jamás imponer al artista qué crear, qué presentar, qué componer, qué escribir o qué actuar, pero lo que sí puede hacer es diseñar estructuras en las cuáles el colectivo artístico explote su creatividad.
Desde mi punto de vista, antes de pasar a la etapa de reclamar, gritar y luchar por recursos habría que –gobierno y artistas conjuntamente– analizar si ya se han agotado los recursos intelectuales, de tal suerte, que pueda demostrarse que el financiamiento público no está a la altura de las exigencias creativas. Presupuestalmente, es difícil que en los próximos tres años se incremente el dinero destinado a acciones (en Michoacán) por encima de los 55 millones de pesos; aún y bajo esa condición, existen muchas áreas en las cuales las instituciones culturales tienen pendiente reforzar el ejercicio de la política cultural. No sé, creo es anacrónica e inoperante la postura ideológica de algunos casos aislados –recordando a un viejo amigo escritor-, que por ser creador o artista, estar en contra del gobierno es una condición sine qua non sus obras serían originales o valiosas. Hay mucho qué trabajar bilateralmente entre artistas y funcionarios (gestores) culturales para retribuir a la sociedad objetos sempiternos, exagerando, arquetipos. Que el gobierno estimule la creación no implica que se intervenga o manipule el talento del creador; Gabriel Zaid ha expresado mucho mejor que yo lo que el artista ha de reflexionar con cierta frecuencia:
“El sostén último de las obras objetivamente valiosas está en el sacrificio personal: en creer en lo que se cree, a pesar de las opiniones de los otros, a pesar de las consecuencias deprimentes que eso tiene en la práctica, a pesar de la familia, los mecenas, el mercado y el Estado. No es un buen augurio para la cultura que el sacrificio personal empiece a parecer inaceptable y hasta ridículo. Cuando se produce únicamente lo que tiene mercado o patrocinio, hace falta un milagro para que la cultura no termine siendo próspera y conformista.”
Claro, todo lo dicho hasta aquí no tiene nada de novedoso para quién ha dedicado su vida a promover la cultura durante décadas, empero, desde el peldaño en que me encuentro, percibo que deben renovarse y reinventarse los actores culturales en nuestra entidad. Siendo el tiempo la materia prima de la cultura, ésta no puede concebirse como un refugio o utopía, pues las utopías sólo producen reinos de hielo (Jaime Labastida), y Michoacán dista mucho de ser una.
A manera de conclusión, se deben continuar los estudios y trabajos que unan al binomio Artistas-Estado, a 27 años de la institucionalización de la Cultura en México y a 35 en el Estado de Michoacán, las distancias entre autoridades y gremio artístico deben ya estar próximas a disolverse, al final del día, todos los involucrados buscan el mismo fin, darle la oportunidad al resto de la población de apreciar la belleza en cualquiera de sus formas.
La Cultura es una luz que nunca debe apagarse, formulo votos para que ésta brille aún más y nunca deje de iluminar a la gente que vive en Michoacán.